En transporte aéreo se suceden las prácticas ilegales, multiplicándose en el caso de los billetes low cost. En estas líneas detallamos las más frecuentes:

-Cuando pactamos que la cancelación del vuelo por parte del pasajero supone la pérdida completa del importe abonado previamente, y ello a pesar de que contraviene lo previsto en la Ley de Navegación Aérea, que establece que en caso de cancelación por parte del viajero, éste se verá obligado a abonar el 20% del billete.

Pero sin embargo, la realidad es que la compañía queda libre para revender y cobrar por segunda vez la misma plaza (Doble Lucro a favor de la aerolínea y en claro perjuicio para el usuario, infringiendo el justo equilibrio entre las prestaciones de las partes) .

Por lo tanto,  en caso de que nos encontremos en alguno de estos supuestos, AL-ANDALUS MALAGA entiende que la única condición es que avises al menos 24 horas antes de la salida del vuelo, tal y como prevé el Real Decreto 2047/1981, de 20 de agosto en sus artículos 1 y 2.

Es más, dependiendo de la compañía, los gastos de gestión para la cancelación pueden correr de parte del consumidor, pero nunca deben superar el precio del billete.

En ocasiones, te pueden multar con el pago de un porcentaje que dependerá del tiempo que falte para la salida del avión. En todo caso, no pueden superar el 20% del coste del pasaje.

  • ¿Qué  hacer para recuperar tu dinero?

  1. comunicar a la compañía tu intención de anular el billete. Espera la respuesta y guarda los correos electrónicos recibidos.
  2. Si la empresa se niega a devolverte el dinero, envía un burofax con acuse de recibo y certificación del contenido con la petición de resolver amistosamente el conflicto
  3. Tendrás que aportar una fotocopia de todos estos procedimientos si presentas una reclamación en el juzgado.

Otra práctica abusiva habitual es el cobro de las compañías low cost por facturación de equipaje e incluso la exigencia de una tarifa extra por impresión de la tarjeta de embarque, entendiéndose dichas clausulas abusivas, ya que  el transportista con las mismas persigue el cobro de tasas o penalizaciones por el simple hecho de cumplir con sus propias obligaciones, que forman parte del contrato de transporte. Existe abundante jurisprudencia que ha resuelto favorablemente a favor del consumidor en esta materia, siendo la pionera la Sentencia de 10 de enero de 2011 del Juzgado de lo Mercantil de Barcelona.

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