La cancelación del préstamo hipotecario le puede también generar a los consumidores gastos abusivos, injustificadamente excesivos, entre los que se encuentran las comisiones bancarias preparatorias, con motivo de cancelación registral de la carga, que muchos bancos justifican por la emisión de “certificado cancelación económica de deuda”, por el desplazamiento de apoderados de la entidad a la notaría, y recopilación de documentación.

Sin embargo se trata del cobro de comisiones que no responden a la prestación de un verdadero servicio al prestatario.

El Banco de España considera la improcedencia de su cobro (Memoria de Reclamaciones 2016, apartado n. 3 “Criterios del Departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones – DCMR. Pags. 98 y 99):

“Según el art. 82 del texto refundido de la Ley Hipotecaria, y de acuerdo con los criterios de buenas prácticas bancarias, el DCMR considera que las entidades no están legitimadas para el cobro de importe alguno por la simple emisión de un certificado de cancelación económica de la deuda ni, alternativamente, por su

comparecencia en notaría si la declaración de cancelación de aquella se incorpora en escritura pública

Así, la comisión remunera la preparación de la documentación necesaria, a petición del cliente, para que sea la entidad la que realice las gestiones y tramitaciones precisas para la cancelación registral de la hipoteca.

Es por ello por lo que el DCMR exige que se acredite que se ha prestado un verdadero servicio al cliente, supuesto ante el que estaríamos si la entidad hiciera las veces de gestoría, sustituyendo a esta en la tramitación completa de la operación, sin que quepa incluir en este supuesto:

– La entrega al cliente de la documentación justificativa de la extinción de la obligación contractual frente a la entidad (la emisión de un certificado de deuda cero).

– El simple desplazamiento del apoderado de la entidad a la notaría que a esos efectos indique el cliente, ya que, en estos supuestos, la actividad desarrollada no es otra cosa que el consentimiento otorgado por el acreedor hipotecario (exigido por el artículo 82 de la Ley Hipotecaria) para la cancelación de una inscripción hecha a su favor en virtud de escritura pública.

– La recopilación de la documentación y antecedentes referidos al préstamo cancelado, junto con la minuta de la escritura de carta de pago y cancelación de hipoteca”

El mayor o menor importe de las cantidades que puede verse obligado a pagar el consumidor, correspondientes a derechos devengados por notarios y registradores, con motivo del otorgamiento e inscripción de la escritura de cancelación del préstamo hipotecario, dependerá de las bases y números de arancel aplicados, por los que se aprueban los respectivos aranceles de Notarios y Registradores.

La cancelación del préstamo hipotecario le puede también generar al consumidor, gastos abusivos, injustificadamente excesivos y/o, indebidos. Las cláusulas predispuestas al consumidor en contratos de financiación con garantía hipotecaria para la adquisición de vivienda, que imponen al consumidor el pago de la totalidad de los gastos preparatorios, arancelarios y tributarios, generados por la cancelación del préstamo hipotecario, pueden ser declaradas nulas por abusivas.

En último término, al consumidor le queda la posibilidad de realizar y presentar una reclamación a la entidad prestamista en Málaga, la restitución de los gastos que hubiere pagado, como consecuencia de la aplicación de cláusulas declaradas nulas por abusivas.

Si tienes alguna consulta envíanos un correo a nuestras asociación de consumidores en Málaga a la direccion:malaga@fed-alandalus.es o llámanos al teléfono: 952 21 35 40.

A su disposición un servicio de protección al consumidor en Málaga