La crisis ha hecho mella en todas las actividades relacionadas con el consumo privado y, en algunos casos, debido al cierre de numerosos establecimientos, los productos o servicios que se ofrecían a los clientes se han quedado en suspenso.

Por ello, es conveniente conocer qué cautelas respecto a garantías, cambios o devoluciones debe tener un consumidor cuando ha adquirido un artículo en un comercio que cierra sus puertas.

En principio, es el comerciante quien responde ante el consumidor de la conformidad de un artículo vendido que, por ser nuevo, tiene una garantía legal de dos años. Cuando es un producto de segunda mano la garantía legal tiene un plazo no inferior a un año.

Durante estos tiempos, todos los costes derivados de cualquier anomalía o fallo del artículo corren por cuenta del vendedor, incluidos los gastos de envío.

Así, cuando hay una disconformidad con el producto, hay que reclamar al vendedor, que es el garante. El cliente, por su parte, puede decidir que se lo reparen o sustituyan.

Asimismo, tanto el vendedor como el fabricante pueden ofrecer, además, una garantía comercial, cuyas condiciones generales figuran en el contrato de compra del artículo aunque, en ningún caso, pueden sustituir a la garantía legal de dos años.

El comprador tiene derecho a solicitar al establecimiento donde adquiere un producto la documentación de la garantía, donde se puntualicen los detalles de mayor interés (el bien sobre el que recae la garantía, los plazos, las vías de reclamación, etc.).

Por ello, con el fin de poder hacer un cambio, una devolución o presentar una posible reclamación en el futuro, es imprescindible guardar todos los documentos relacionados con la adquisición (facturas, catálogos, correos electrónicos, resguardos, ofertas comerciales, etc.), con el fin de que el fabricante compruebe que el artículo está en periodo de garantía.

En el caso de que sea imposible hacer valer la garantía frente al vendedor, el responsable de ella es el fabricante (o, en su defecto, el importador).

Cuando cierra el establecimiento donde se ha adquirido un artículo, son los fabricantes quienes responden ante cualquier incidencia que presente dicho producto, puesto que la garantía se traslada de forma automática del distribuidor al fabricante, por lo que el comprador deberá contactar directamente con este último para poder disfrutarla.

De cualquier modo, el cambio nunca puede suponer un gasto para el consumidor. En este sentido, si no se satisface la deuda adquirida con el cliente, se estaría vulnerando el derecho del consumidor como comprador de los productos o servicios de un establecimiento.

En el supuesto de que un artículo sea irreparable o la anomalía que presenta es de origen, es el fabricante quien deberá responder y ocuparse de los gastos de cambio o reparación, aunque, para ello, deba pagar el transporte desde otro país.

Cuando es la compra de un producto físico en un comercio, se hace más sencillo conseguir una solución satisfactoria para el comprador. El problema se produce cuando se ha contratado un servicio que se ha pagado y no se ha disfrutado. El consumidor, en estos casos, se encuentra desprotegido ante la quiebra de una empresa de servicios.

Antes de llegar al concurso de acreedores o a los tribunales,acudamos a una organización de consumidores para formular la reclamación pertinente.

En el caso de que se trate de una compra reciente se puede intentar anular el pago.

Para cualquier consulta o reclamación puedes contactar con nosotros en el teléfono 952 21 35 40 o enviarnos un correo a la dirección malaga@fed-alandalus.es