Recientemente hemos tenido noticia de un fallo del Tribunal Supremo que  da la razón a las personas que entregaron dinero a cuenta, pero sus casas no fueron construidas debido a la crisis del sector, fallando que los bancos donde se efectuaron los depósitos devuelvan lo pagado.

En su resolución, el Supremo se apoya en la Ley 57/1968, de 27 de julio, sobre percibo de cantidades anticipadas en la construcción y venta de viviendas, que establece la responsabilidad de las entidades financieras en caso de que la obra adquirida no llegue a término según lo acordado por las partes.

La sentencia hace referencia al caso de una pareja de Granada que demandó en 2013 a BBK Bank Cajasur para que le fueran reintegrados 73.500 euros de una promoción que no llegó a ejecutarse al declararse insolvente la empresa promotora de las viviendas.

Su reclamación fue estimada parcialmente en primera instancia, pero finalmente rechazada por la Audiencia de Granada, que en febrero de 2015 exoneró a la entidad al entender que la póliza suscrita entre el banco y el promotor no generaba garantías para el comprador.

El Supremo se ampara en la ley mencionada para concluir que la entidad «es responsable cuando ha aceptado los ingresos a cuenta, aunque no haya emitido el aval individual para el comprador».

Y a este respecto, la Sala fija como doctrina jurisprudencial que: «

En las compraventas de viviendas regidas por la Ley 57/1968 las entidades de crédito que admitan ingresos de los compradores en una cuenta del promotor sin exigir la apertura de una cuenta especial y la correspondiente garantía responderán frente a los compradores por el total de las cantidades anticipadas por los compradores e ingresadas en la cuenta o cuentas que el promotor tenga abiertas en dicha entidad».

Los magistrados aseguran que la documentación aportada avala la totalidad de los anticipos reclamados por los demandantes, estimados sólo parcialmente en primera instancia.

El Tribunal Supremo condena a BBK Bank Cajasur a devolver los 73.500  € pagados por los demandantes, así como los intereses generados desde la resolución del contrato de compraventa con la promotora.

De hecho la condena de la entidad de crédito se funda en serle de aplicación , el art. 1.2 de la Ley 57/1968,ya que las transferencias en la única cuenta abierta a favor de la promotora debían serlo para el pago de las viviendas, y venía obligada a asegurarse del cumplimiento de la legalidad vigente, que no era más que asegurarse de que las entregas se efectuaran a través de una cuenta especial y exigir asimismo una garantía para devolución de dichas cantidades.

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