El Tribunal Supremo ha ratificado una sentencia que determina que la Administración puede sancionar a las entidades financieras por cláusulas abusivas sin necesidad de obtener una sentencia civil previamente.

Esta ratificación se debe al recurso de casación presentado por la Junta de Andalucía contra la Sentencia del 16 de febrero de 2017 dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

El procedimiento tiene su origen en un recurso contencioso-administrativo que interpone Liberbank contra una resolución dictada por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía que desestimaba el recurso de alzada interpuesto contra la resolución de la Secretaría General de Consumo por la que se le imponía a dicha entidad una multa de 78.200 €.

La doctrina por la que se asentó la sentencia recurrida desapoderaba a la Administración del ejercicio de la potestad sancionadora para la protección de los consumidores y usuarios, en particular de un ámbito especialmente sensible como lo es la introducción de cláusulas abusivas en los negocios bancarios, de forma que esto lo debía establecer una declaración judicial.

«La conclusión a la que llegó este Tribunal Supremo en aquel caso es que la doctrina de la Sala de instancia es gravemente dañosa y errónea en cuanto que bloquea el ejercicio de la potestad sancionadora, de todas la Administraciones Públicas, en esta materia», recoge la sentencia.

De este modo, el Supremo concluye que la Administración puede sancionar la utilización de cláusulas abusivas en los contratos con consumidores y usuarios en aplicación de los tipos infractores previstos en Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, sin necesidad de previa declaración judicial del orden civil.

Las principales cláusulas abusivas incluidas en los contratos bancarios son las abusivas cláusulas suelo, comisiones desproporcionadas y que no corresponden a un servicio solicitado previamente y prestado, intereses de demora abusivos, el redondeo al alza en el tipo de interés en las hipotecas, renuncia del deudor a la cancelación parcial, la inclusión de comisiones de descubierto, y un largo etcetera.

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