El pasado sábado se publicaba en el BOE, el Real Decreto-ley 5/2017, de 17 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, y la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social.

 El  referido Real Decreto Ley de 9 de marzo de 2012 estableció protección especial sobre deudores hipotecarios sin recursos  y se preveía una moratoria de 3 años para los colectivos vulnerables. Se trataba de una medida con carácter  temporal,  que afectaba a cualquier proceso judicial de ejecución hipotecaria o venta extrajudicial por el cual se adjudicase al acreedor la vivienda habitual de personas que se encontraban dentro de estos colectivos.

Posteriormente, el RDL 1/2015 de 27 de febrero amplió la moratoria hasta el 15 de mayo de 2017. Ahora se amplía la moratoria 3 años más, hasta el 2020, con la suspensión de los lanzamientos sobre viviendas habituales de colectivos especialmente vulnerables contenido en la Ley 1/2013, por entender que persisten los “efectos sobrevenidos de la crisis económica y financiera”.

Entre los colectivos que se van a beneficiar de esta moratoria podemos destacar los deudores en situación de desempleo, familias monoparentales con hijos y aquellas en las que exista una víctima de violencia de género.

Otros colectivos que ya estaban contemplados en la anterior norma eran las familias numerosas, los deudores mayores de 60 años y las familias con discapacitados o dependientes a cargo.

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