La norma se aplicará a los contratos de préstamo concedidos por personas físicas o jurídicas que de manera profesional realicen alguna de las actividades relacionadas con la contratación de préstamos.

Se amplía la definición del concepto de consumidor y de la tipología de los inmuebles: trasteros, garajes y otros que sin constituir una vivienda cumplen una función doméstica.

El objetivo fundamental es otorgar una mayor protección al consumidor y  ello se persigue con una serie de medidas: entre ellas obligar a los bancos a informar a sus clientes sobre las condiciones mediante un documento con carácter de oferta vinculante durante un mínimo de 10 días.

Además se establece una visita obligatoria al notario un día antes de la firma, debiendo este de forma totalmente gratuita informar a los prestatarios y avalistas sobre todas las condiciones.

Eso si, la ley no se aplica a aquellos contratos ya preexistentes con anterioridad a la entrada en vigor de la ley.

Otro de los puntos más interesantes de la normativa es la prohibición para la banca de ‘colocar’ al cliente productos como el seguro de hogar o el de vida a cambio de concederle la hipoteca

Según establece el artículo 17 de la ley, sí están autorizadas las “prácticas de ventas vinculadas concretas cuando el prestamista pueda demostrar que los productos vinculados o las categorías de productos ofrecidos, en condiciones similares entre sí, que no se presenten por separado, acarrean un claro beneficio a los prestatarios, teniendo debidamente en cuenta la disponibilidad y los precios de los productos pertinentes ofrecidos en el mercado.

Por lo que respecta a los gastos de préstamo,todos los gastos, excepto los de tasación, tendrán que ser asumidos por las entidades financieras.

De esta manera, serán ellos quienes paguen por gestoría, notaría, e Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (IAJD) y el registro.

Respecto a la comisión de apertura de los prestamos, no se prohíbe que las entidades financieras cobren comisiones de apertura, pero sólo se devengará una vez y englobará la totalidad de los gastos de estudio, tramitación y concesión del préstamo.

Con la nueva regulación, el cliente -incluido los que tengan préstamos anteriores a la ley- podrá subrogar sin costes y libremente su hipoteca.

Entre las dos entidades en las que se haga el cambio se establecerá un mecanismo de compensación basado en los intereses cobrados y los pendientes de cobro vinculados al coste de formalización de la hipoteca.

En el caso de la novación, si el hipotecado no está conforme con las condiciones que firmó en su hipoteca podrá cambiarlas sin que la entidad le cobre ninguna comisión.

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