El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes Real Decreto Ley de Medidas Urgentes por el que se establecen importantes cambios en materia de alquiler. 

La norma modifica cinco leyes: la de Arrendamientos Urbanos, la de Propiedad Horizontal, la Ley de Enjuiciamiento Civil, el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, y la Ley del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 

Las novedades más importantes son el aumento de la prórroga obligatoria de 3 a 5 años en los contratos, y la limitación a dos meses de las fianzas exigidas por los arrendadores. 

Además se amplia el plazo de prórroga tácita, que ahora es de un año, a tres. La prórroga tácita consiste en el plazo temporal por el que se amplia el contrato una vez transcurrido el período de prórroga obligatoria, en el caso de que el arrendador o el arrendatario no manifiesten su voluntad de no renovarlo. 

Estas limitaciones no tendrán efecto retroactivo, comenzando a aplicarse en aquellos contratos que se firmen a partir de la entrada en vigor de la norma.

Si el casero es una persona jurídica (empresas o fondos de inversión, por ejemplo), los contratos tendrán una duración mínima de siete años.

Por lo que respecta a los gastos de gestión inmobiliaria y formalización de contratos, la norma establece que serán abonados por el arrendador, si se trata de una empresa. 

Otro cambio es la eliminación de la obligación de los Ayuntamientos de repercutir el IBI a los inquilinos cuando se trate de alquileres sociales. 

En cuanto a los alquileres turísticos, la norma permite que las Comunidades puedan limitarlos o condicionarlos, requiriendo para ello mayoría simple cualificada. 

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