Cuando el 21 de diciembre de 2016, fecha esperada por juristas, asociaciones de consumidores y miles de afectados el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea decretaba la retroactividad total de las cláusulas suelo declaradas nulas, el Tribunal Supremo dictaba otro tantos autos sobre los swap (contratos de permuta financiera) y varias sentencias en las que una de las partes era una entidad financiera. Y es que las reclamaciones a los bancos ocupan buena parte del trabajo de las asociacioneslos tribunales, y no sólo por las polémicas cláusulas suelo.

Prácticamente cualquier cláusula contenida en un contrato hipotecario está bajo la sospecha de ser abusiva y, por tanto, de ser nula. Las cláusulas suelo, hoy desterradas de la operativa de la mayoría de entidades financieras, tendrán pronto su propio procedimiento extrajudicial para procurar una solución rápida y barata para los afectados y, por otro lado, evitar el colapso de la Justicia.

Pero la actividad judicial continua, y los juzgados de primera instancia, las Audiencias Provinciales y Tribunal Supremo avanzan otros procesos que tienen a la banca en jaque.

Nos referimos, a los gastos de formalizacion de hipoteca, a los que aludimos en anteriores post, y sobre los que se han pronunciado varias sentencias de tribunales de primera instancia, siguiendo otra resolución del Tribunal Supremo Español, condenando a las entidades bancarias a la devolución de los gastos de notaría, registrales, de gestoría e incluso del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD).

La cuestión no es nada sencilla, ya que la sentencia del Supremo, de su sala Civil, donde se apoyan las resoluciones condenatorias para los bancos, contradice la doctrina del propio tribunal, elaborada en su sala de lo Mercantil, donde el obligado tributario es el comprador a efectos del impuesto de AJD. Lo que es cierto, es que como con las cláusulas suelo, se trata de una condición impuesta por los bancos y cajas a los clientes, sin consensuarla previamente ni informar al consumidor previamente a la firma de la escritura.

Y con las hipotecas multidivisas ocurre lo mismo. El TS considera que dado que el cálculo del capital a amortizar depende otro activo, es un producto bancario complejo, lo que implica que la banca debió asegurarse de que el consumidor sabe lo que contrata y además comprende los efectos sobre su contrato.

En cuanto a los préstamos hipotecarios que tienen como referencia el IRPH, han derivado en diversas sentencias contrarias en base a la información preceptiva al consumidor, que resultó ser bastante deficiente, provocando que el cliente (consumidor) no supiera las consecuencias que se derivaban de lo que firmaba.

Estas cláusulas son claramente abusivas y deben ser declaradas nulas. Quienes suscribieron un préstamo hipotecario con esa fórmula de revisión asesorados por los bancos, por ser supuestamente más estables que la referencia del euribor, han acabado soportando una carga financiera muy superior a la prevista, mermando su economía doméstica.

Si has firmado una escritura de préstamo y pudieras encontrarte en algunos de estos supuestos, pídenos cita y te asesorámos.Puedes llamarnos al teléfono 952 21 35 40 o enviarnos un correo a la dirección: malaga@fed-alandalus.es